Gobierno de Puebla pide a la ASF revisar contratos de material electoral del IEE por 179.1 millones
Según el comparativo, el instituto pasó del noveno al primer lugar nacional en contratos con proveedoras de material electoral en 2024 y 2025.
El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla ocupó el primer lugar del país, entre los órganos electorales, por el monto contratado con empresas proveedoras de material electoral: 129.7 millones de pesos durante 2024 y 2025. Antes estaba en el noveno sitio. Lo indica un comparativo presentado por el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, que difundieron el 5 de noviembre de 2026 las agencias Quadratín de Oaxaca y de la Ciudad de México.
De acuerdo con esa información, entre 2014 y 2023 el instituto sumó contratos por 49.4 millones de pesos, monto que lo situaba en la novena posición del país. Al juntar los dos periodos, el organismo poblano acumula 179.1 millones de pesos en contratos.
García Parra expuso que en el lapso más reciente la cifra casi se triplicó y que, con ello, Puebla quedó arriba de otros nueve estados que aparecen en la gráfica federal usada como referencia. Quadratín indica que esos dos años forman parte de las revisiones federales que se realizan en el sector por supuestas irregularidades.
El funcionario pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise las adjudicaciones y el destino que tuvo el dinero público. Las notas consultadas no atribuyen irregularidades concretas al IEE ni detallan qué contratos o proveedores se revisarían.
Quadratín precisó que en 2024 y 2025 el instituto fue dirigido por Blanca Yassahara Cruz García, quien tomó el cargo el 3 de noviembre de 2022 por siete años, es decir, hasta 2029.
El tema surge en un momento de cambios en el organismo. Acento21 informó que Cruz García renunció a la presidencia en abril de este año, y Milenio reportó que Judith Lozano Pérez rindió protesta el 3 de noviembre como nueva consejera presidenta del IEE, para un periodo de tres años.
Como la información proviene de un comparativo presentado por un funcionario del gobierno estatal, las cifras y las posiciones nacionales corresponden a esa exposición. La revisión que solicitó a la ASF es el paso que permitiría contrastarlas con la documentación oficial de los contratos.
