Congreso de Puebla prepara ley contra el feminicidio y el 10 de noviembre abre un foro; las colectivas ya exigen que la Fiscalía clasifique bien
La diputada Norma Pimentel convocó a un foro ciudadano para construir la ley; mientras, una colectiva acusa que reclasificar los casos puede maquillar las cifras.
El Congreso de Puebla organizará el martes 10 de noviembre, a las 10:30 horas, un foro informativo y de participación ciudadana para construir una ley que permita prevenir, investigar y sancionar el feminicidio. La convocatoria fue hecha por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Norma Estela Pimentel Méndez, quien llamó a ciudadanía, organizaciones civiles, especialistas y academia a presentar propuestas.
De acuerdo con e-consulta, el objetivo es incorporar distintas perspectivas en el marco jurídico, con medidas para combatir la violencia feminicida y garantizar el acceso a la justicia. Síntesis añade que la iniciativa forma parte de los compromisos del Pacto por la Igualdad y que busca armonizar la legislación estatal con estándares internacionales.
Entre las participantes confirmadas está la jueza Rosa Celia Pérez González, quien dictó la primera sentencia por feminicidio en Puebla, y la magistrada penal Magally Escamilla Rodríguez. También se prevé la presencia de representantes de la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Pimentel Méndez recordó el caso Campo Algodonero, resuelto en el ámbito internacional, como antecedente de las obligaciones del Estado mexicano, y destacó el respaldo de integrantes de distintas bancadas de la LXII Legislatura y de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
El anuncio coincide con un reclamo que llegó a la calle un día antes. El lunes 2 de noviembre, la colectiva Mal Habladas instaló en el zócalo de Puebla un memorial con cruces moradas con nombres de mujeres asesinadas y un tendedero de fotografías con datos de las víctimas registradas durante 2026. Según Síntesis, las activistas exigieron a la Fiscalía General del Estado cumplir el protocolo de investigación y abrir como feminicidio todas las carpetas por muertes violentas de mujeres, de modo que un cambio posterior a homicidio, suicidio o accidente se sustente en las diligencias y no se decida desde el principio.
Una integrante de la colectiva advirtió que omitir esa clasificación puede provocar la pérdida de indicios y dejar fuera elementos del entorno de las víctimas, lo que complica esclarecer los casos. Las manifestantes citaron análisis del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla, para afirmar que los asesinatos de mujeres no bajan y que la proporción de mujeres asesinadas por parejas o familiares pasó de tres de cada 10 casos en años anteriores a seis de cada 10 durante 2026. También pidieron al Poder Judicial reducir los retrasos en los juicios.
Son dos movimientos que conviene leer juntos. Por un lado, el Congreso abre la puerta a escuchar; por otro, quienes acompañan a las víctimas señalan que el problema no es solo la ley, sino cómo se aplica desde la primera hora de una investigación. Una norma más completa sirve poco si la carpeta nace mal clasificada.
La pregunta para el foro es concreta: ¿la nueva ley obligará a iniciar toda investigación de muerte violenta de mujeres con perspectiva de feminicidio y a justificar por escrito cualquier cambio de clasificación? Si el 10 de noviembre solo hay discursos y no compromisos medibles, el foro se quedará en trámite. Si se incorporan reglas verificables y la Fiscalía responde por ellas, podría ser un avance real. Habrá que ver qué propuestas llegan y cuáles pasan al dictamen.
