Por Ismael Bermejo
En el Confesionario se sabe que tratar de saltarse o burlarse de la ley es una práctica muy común de algunos grupos como la 28 de Octubre o Antorcha Campesina. Para ellos, violar la ley para tener transporte pirata, apropiarse de terrenos o bienes inmuebles, era muy fácil.
En los pasados gobiernos estas acciones fueron toleradas, permitidas e incluso operar en total impunidad era el pan de cada día.
Afortunadamente al gobernador Alejandro Armenta no le ha temblado la mano para poner orden y sobre todo para desaparecer todas las canonjías que por años han tenido, entre ellas el control de sitios de taxis piratas por varias zonas de la capital y del área metropolitana.
En el Confesor se reconoció en su momento el anuncio de la titularidad de Movilidad, Silvia Tanús de quitar a todas las unidades que ofrecían un servicio de transporte al margen de la ley, sin los permisos correspondientes, en la zona de Angelópolis, el poner orden ha sido una gran decisión de gobierno.
El ordenamiento contra los taxis piratas en la zona conurbada no es una falta de sensibilidad o cerrazón como lo han manejado los líderes de las 28 de Octubre, lo que si no tiene nombre -bueno si, pero en esta columna no lo podemos mencionar- es el cierre de una vía tan importante como lo es el bulevar Atlixcayotl, con el pretexto de ser instalados.
Y aunque ya sabemos que afectar a terceros con sus marchas o plantones es el sello de la casa, no se pueden permitir más que se afecte la vida de miles de poblanos; los líderes, abogados o representantes legales que abundan en esta organización de comerciantes y ahora sabemos de taxistas piratas, tienen que entender que los tiempos en los que hacían lo que querían se han terminado y que la ley con Alejandro Armenta no se negocia. Tener unidades que sin papeles o permisos legales lleven a los usuarios de la zona, de ninguna manera se debe seguir permitiendo, hoy más que nunca el estado de derecho debe prevalecer en todo el estado.