Sheinbaum: apoyo federal en el penal de San Miguel depende de solicitud de Puebla
Tras los bloqueos por presuntas extorsiones, Armenta anunció una revisión con fuerzas federales y el traslado de dos internos; sostiene que los bloqueos fueron organizados.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el jueves 12 de noviembre, en su conferencia matutina, que el Gobierno federal está dispuesto a apoyar en el Penal de San Miguel, en Puebla, pero que debe hacerlo a petición del gobierno estatal, informaron Quadratín y 88.9 Noticias. Señaló que el penal está bajo la administración de Puebla y que el Gabinete de Seguridad está en contacto con la entidad.
Sheinbaum dijo que la intervención sería “a solicitud del gobierno del estado de Puebla”. Sus declaraciones se dieron después de que, el 10 de noviembre, personas que se identificaron como familiares de internos bloquearon ocho puntos de la capital y su zona metropolitana para denunciar presuntos cobros ilegales, amenazas y agresiones dentro del penal. E-consulta reportó que se quemaron llantas y que las vialidades estuvieron obstruidas más de dos horas.
La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, publicó el 11 de noviembre en X que grupos de internos exigen a las familias pagos de entre 30 mil y 100 mil pesos para evitar agresiones, según Quadratín. En una entrevista, atribuyó los cobros a un grupo al que llamó “Los Talacheros” y mencionó problemas de autogobierno, hacinamiento y ocho recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos estatal en 2026. TV Azteca reportó que los inconformes hablan de cuotas de entre 20 mil y 300 mil pesos.
El gobernador Alejandro Armenta Mier informó el 11 de noviembre, tras la Mesa de Paz, que se determinó trabajar de forma coordinada con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y la Comisión de Inteligencia de la Federación, según e-consulta. Se revisará el funcionamiento del penal de San Miguel y de los demás centros penitenciarios del estado, y se evaluará el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad. También dijo que se investigarán las denuncias, incluida la actuación del director del Cereso.
Armenta afirmó que los bloqueos estuvieron a cargo de un grupo armado y encapuchado, que algunos de sus integrantes portaban armas de uso exclusivo del Ejército y que rechazaron instalar una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación estatal. Según e-consulta, sostuvo que fueron contratados para hacerse pasar por familiares de internos. Calificó el hecho de “sincronizado” y dijo tener claro quiénes están detrás, de acuerdo con e-consulta y TV Azteca; este último medio añadió que mostró fotografías de una persona con el rostro cubierto y un arma.
En los reportes citados no se detalla quiénes serían los organizadores a los que se refirió el gobernador. TV Azteca indicó que el gobierno estatal investiga quién estaría detrás de las movilizaciones.
