Cambios impactan ayuntamientos, Congreso y sueldos de autoridades
VerdadEs Puebla
El Congreso del Estado de Puebla aprobó el dictamen del denominado “Plan B”, una reforma constitucional en materia electoral que introduce cambios en la integración de ayuntamientos, el funcionamiento de los congresos locales y los salarios de funcionarios electorales.
¿Qué cambia con el “Plan B”?
Durante sesión extraordinaria, las y los diputados avalaron modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 115, 116 y 134.
Estas reformas impactan directamente en la organización del poder público a nivel local.
Reformas clave del “Plan B”
Nueva integración de ayuntamientos
Uno de los cambios principales establece que los ayuntamientos estarán conformados por:
- Presidencia municipal
- Sindicatura
- Hasta 15 regidurías
Además, se deberán cumplir principios de:
- Paridad de género
- Igualdad sustantiva
- Perspectiva de género
Límite al presupuesto legislativo
Las reformas también fijan que los congresos locales no podrán ejercer más del 0.70% del presupuesto estatal.
Esto busca reforzar criterios de austeridad en el gasto público.
Tope a salarios de funcionarios electorales
El dictamen establece que las remuneraciones de integrantes de organismos electorales, como el Instituto Nacional Electoral, no podrán exceder los límites constitucionales.
Además, se prohíben beneficios adicionales como:
- Seguros privados
- Fondos especiales
- Regímenes de retiro no contemplados en la ley
Posturas divididas en el Congreso
Durante la discusión, diputadas como María Soledad Amieva, Elvia Palomares, Araceli Celestino y Azucena Rosas respaldaron la reforma, argumentando que promueve austeridad y un uso más eficiente de los recursos públicos.
Por otro lado, legisladoras como Susana Riestra y Delfina Pozos votaron en contra, al considerar que podría debilitar los contrapesos democráticos.
Debate nacional
La aprobación de este dictamen en Puebla forma parte de un debate más amplio en México sobre el futuro del sistema electoral.
Mientras algunos sectores ven avances en austeridad, otros advierten riesgos para la autonomía institucional.